Carolina Patrón es licenciada en Ciencia Política en proceso de convertirse en magíster (Facultad de Ciencias Sociales – Udelar). Además, es técnica superior en Igualdad de Género (INESEM – Universidad de Granada) y actualmente está en proceso de elaboración de tesis para obtener el Doctorado en Estudios de Género (Universidad Nacional de Córdoba).

Un cachetazo del patriarcado: entrevista a Carolina Patrón

Por Inés Nogueiras Beltrami
Equipo de Contenidos, EFD.

22 Jul 2019 | Contenidos

El 28 de febrero de 2018, la Suprema Corte de Justicia disolvió el Grupo de Trabajo en Políticas de Género del Poder Judicial. Entre otros objetivos, este grupo había desarrollado un plan de sensibilización en perspectiva de género para capacitar a ministros, jueces, defensores públicos y otros operadores judiciales. En la misma resolución suprimió la Comisión Asesora en derechos humanos y género y dejó sin efecto un programa internacional (Eurosocial) cuyos fondos permitirían crear un observatorio sobre violencia de género.

La Suprema Corte, presidida por Elena Martínez e integrada por Jorge Chediak, Bernadette Minvielle, Eduardo Turell y Felipe Hounie fundamentó su decisión en que la existencia de ese grupo ya no tenía sentido luego de la aprobación de la Ley N.º 19580 de violencia de género, promulgada en diciembre de 2017.

El Poder Judicial había comenzado a trabajar en temas de género en 2011, mediante una Unidad Ejecutora que participaba en el Programa Integral de Lucha Contra la Violencia de Género en articulación con los ministerios de Salud Pública, Interior y Desarrollo Social. En 2016 terminó ese programa y la Suprema Corte, entonces presidida por Ricardo Pérez Manrique, decidió sostener los logros alcanzados por la unidad ejecutora. El objetivo de aquella Corte era crear un Departamento de Derechos Humanos, Género e Infancia, pero no recibió presupuesto para ello, por lo que se decidió crear el Grupo de Trabajo y mantener la Comisión Asesora que quedaron eliminados con la resolución de febrero de 2018.

Las integrantes del Grupo fueron notificadas en los primeros días de marzo y derivadas a otros puestos, pero no se les dieron mayores explicaciones sobre el porqué de la decisión, ni sobre qué pasaría con los proyectos que estaban en marcha.

Carolina Patrón, que fue directora de la Unidad Ejecutora y luego coordinadora del Grupo de Trabajo en Políticas de Género, habló con el EFD sobre cómo se venía trabajando en materia de género en la órbita judicial, los logros que se habían alcanzado y lo mucho que queda por hacer en un Poder Judicial en el que no solo falta presupuesto, sino recursos humanos capacitados para atender la compleja realidad de las violencias basadas en género.

¿Cómo llegás a interesarte por los temas de género y a formarte en eso? ¿Surgió naturalmente o hubo algún hecho puntual que lo convirtió en una inquietud?

Creo que siempre estuvo, no verbalizado, hasta determinado momento de mi vida. Yo trabajaba en Relaciones Públicas y Protocolo del Poder Judicial y en marzo de 2012 pedí un traslado y fui a la Dirección de Gestión de Proyectos, que justo empezaba a ejecutar el Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género. Y por esas casualidades o causalidades de la vida, que nos colocan en determinados lugares, la directora de proyecto del Poder Judicial en el marco del Programa tuvo un problema de salud una semana antes de que se lanzara y me pidieron que me hiciera cargo en ese primer momento. Ese fue formalmente mi primer vínculo específico con el tema género y luego empecé a tener un relacionamiento más permanente con el proyecto, hasta que en 2013 la Corte me nombra directora de la Unidad Ejecutora del Componente del Poder Judicial en el marco del Programa.

Era la primera vez que para un proyecto de cooperación se nombraba a alguien que no tenía un cargo previo de dirección, ni siquiera un cargo técnico —porque son cargos honorarios, dado que son específicos para la ejecución del proyecto. Ya de antes, como autodidacta y por intereses personales, había tenido algún acercamiento académico a la temática, pero después del nombramiento dije “bueno, está todo bien con que yo sea autodidacta, pero a mí no me gusta ser improvisada en nada”. Así que hice un curso a distancia de técnico superior en igualdad de género, en la Universidad de Granada, y ese fue el primer acercamiento fuerte, potente. Era un curso que tenía muchos aspectos conceptuales, obviamente, pero que también estaba muy enfocado al trabajo de elaboración de política pública. Eran herramientas necesarias para este proceso, porque era un tema totalmente inexistente en el Poder Judicial hasta que apareció ese proyecto.

¿En concreto en qué consistía ese proyecto?

Lo primero que se hizo fue empezar a incorporar el tema género a nivel institucional. Uno de los hitos, que marcó un antes y un después, fue un convenio que hicimos con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Argentina. Allá habían desarrollado un sistema de talleres de sensibilización con el sistema de Naciones Unidas y en aquel momento logramos que los ministros de la Suprema Corte viajaran a Argentina a sensibilizarse en el tema. Eso fue un logro muy fuerte para el proyecto. La coordinación española nos decía que en ningún país se había logrado que la cabeza de un poder del Estado fuera a un taller de sensibilización en género. Nosotros llevamos a los ministros de la Corte y a 23 ministros y ministras de Tribunales de Apelaciones de todas las materias. Después, en un segundo grupo, llevamos a jueces, juezas, a la Dirección General de los Servicios Administrativos y defensorías también de todas las materias. La idea era que se visibilizara como una cuestión transversal. En total viajaron 73 personas a Buenos Aires para esta capacitación.

Después de esa experiencia hicimos tres jornadas de trabajo en Montevideo, en la que participaron 40 operadores y operadoras de todas las materias y de todo el país. De esas jornadas surgió el documento base para el primer Plan de Acción y fue la semilla de una incipiente política pública dentro del Poder Judicial. Uno de los aspectos del Plan de Acción era poner en funcionamiento un plan de sensiblización, que comenzamos a implementar y alcanzamos a 650 funcionarios. En el Poder Judicial hay 5000 funcionarios, de los cuales 3500 son administrativos, y aproximadamente el 70% de las personas que sensibilizamos eran del área jurisdiccional. Era un proceso lento y faltaba mucho por hacer, pero fueron logros que alcanzamos sin presupuesto.
Durante la ejecución del proyecto, la estructura de funcionamiento nos permitió ir consolidando una cierta institucionalidad y una legitimidad en todos los ámbitos dentro del Poder Judicial. Nosotros éramos una Unidad Ejecutora y había una Comisión Asesora, integrada por el área jurisdiccional y presidida por el Dr. Ricardo Pérez Manrique, que era el ministro nexo entre el Proyecto y la Suprema Corte de Justicia. Todo fluía rápido y se lograron cosas que superaban los objetivos del proyecto inicial.

Esa Comisión asesoraba a la Corte en todo lo vinculado a la temática, incluso fue la Comisión quien asesoró en lo que después se iba a transformar en la Acordada 7755, que respondía a un pedido de las organizaciones de la sociedad civil y que fue la primera Acordada de buenas prácticas a nivel jurisdiccional, sobre cómo interpretar una norma.

El proyecto entonces terminó siendo una parte de un trabajo mucho más grande…

El proyecto servía como estructura institucional, porque no había presupuesto para crear otra cosa. Mientras estuvo ese proyecto, esa estructura era la que sostenía, de alguna manera, la unidad ejecutora. Una vez que termina el proyecto hubo unos seis meses en los que estuvimos como en un limbo, porque no éramos más unidad ejecutora, pero tampoco éramos otra cosa… era confuso. Hubo un período en que seguimos funcionando porque la demanda nunca cesó. Nos convertimos en referentes institucionales en el tema. Para redactar un Informe País o cuando había que trabajar en un documento interinstitucional, todo eso venía a la unidad, nosotros armábamos un informe o respondíamos, eso iba a la Corte y los jueces y juezas del interior se comunicaban con nosotros y hacíamos las articulaciones. Lo mismo de afuera: las instituciones que tenían alguna dificultad con alguna situación puntual se comunicaban con nosotros y lo viabilizábamos. En los hechos funcionábamos y teníamos una legitimidad institucional.

Después de ese período se crea el Grupo de Trabajo en Políticas de Género…

Eso fue en 2016, en setiembre. En ese período, además, se elaboró el primer plan estratégico de largo plazo del Poder Judicial. De ese plan surge, se construye, el presupuesto quinquenal. En ese proyecto de presupuesto quinquenal estaba la creación de un Departamento de Derechos Humanos, Género e Infancia, que ampliaba las competencias que teníamos hasta ese momento. Pero no se recibió dinero para nada. Durante dos años después de establecer presupuesto cero (para el quinquenio) se seguía manteniendo como prioridad, pero sistemáticamente no hubo presupuesto. Entonces provisoriamente se creó el Grupo de Trabajo en Políticas de Género.

Después la conformación de la Corte comenzó a cambiar y ahí empezaron a modificarse las prioridades. La creación de ese departamento dejó de ser prioridad. Seguíamos trabajando como grupo, pero en ese panorama empezamos a tener una legitimidad y una institucionalidad muy débil y bueno… después pasó lo que pasó.

Antes de profundizar en eso, quería preguntarte cuál era el panorama en materia de género y de sensibilización sobre la temática cuándo empezaron a trabajar en el proyecto.

La nada. Había voluntades y algún esfuerzo aislado, pero nada que marcara un antes y un después. Había iniciativas en materia de violencia doméstica, eran antecedentes que servían para construir, pero no cuestiones institucionales. No había políticas institucionales, era empezar de cero. Eso tenía sus beneficios, porque implicaba construir y había una gran voluntad de aquellas Cortes, que fueron variando en su integración, pero mantenían la voluntad política y el compromiso de avanzar en temas de género. Y, honestamente, creo que el que yo fuera incorporando conocimientos formales en el tema al mismo tiempo en que íbamos haciendo el proceso con la Corte nos favoreció, porque si yo hubiera caído ya con una visión más delineada quizás hubiera intentado hacer cosas para las que la institución no estaba preparada.

Fue un crecimiento en paralelo digamos…

Exacto. Yo me medía, por el propio desconocimiento de hacer política pública. Era un tema totalmente nuevo para la institución. Si por ejemplo yo hubiera venido de trabajar diez años en otra institución, o lo que fuera, habría venido con una receta que no se iba a poder aplicar, porque el Poder Judicial tiene una lógica institucional muy diferente a las del resto del Estado. Una vez que conocés esa lógica empezás a entender un montón de cosas que, si no estás ahí, las das por hecho y a veces no están ni por asomo.

Por ejemplo, cuando empecé a trabajar con jueces y juezas comprendí que existía una dificultad, y es que nos diferenciaba conceptualmente lo que entendíamos respecto a la interpretación del principio de igualdad ante una situación de violencia doméstica. Para mí no había dudas de que en un juicio no podían ser tratados de la misma manera, en igualdad de condiciones, una mujer en situación de violencia, una víctima, que un varón agresor. Pero en términos conceptuales, jurídicamente hablando, los jueces se rigen por el Código General del Proceso y hay un mandato muy rígido y muy fuerte de que las partes son iguales. A eso se suma que es una ley mixta que involucra aspectos civiles y penales (porque las medidas cautelares son restrictivas de la libertad). La cantidad de años que les llevó a los operadores y a las operadoras incorporar que no estaban “favoreciendo” a la mujer, ni que estaban pasando por encima de sus colegas penales al tomar medidas restrictivas de la libertad de la persona, por ejemplo, fue un proceso de aprendizaje de ellos y también fue un proceso de aprendizaje mío, de entender de qué cabeza venían y cuál es la formación estructurante que adoptan para el desarrollo del ejercicio profesional.

Si yo tuviera que decir qué es lo primero que habría que hacer para incorporar la perspectiva de género en operadores de justicia, si tuviera ese poder, diría que lo primero que hay que hacer es modificar todos los planes de estudio de la Universidad de la República y de las universidades privadas, es decir, de los formadores de esos profesionales.

Es un trabajo de deconstrucción muy fuerte que hay que hacer con los operadores de Justicia. Si pensamos que los ministros y ministras que integran hoy los Tribunales de Apelaciones son posibles candidatos a las futuras Cortes, estamos hablando de una generación que fue formada en un momento histórico en que la perspectiva de derechos humanos —no hablo siquiera de la perspectiva de género— era inexistente. Hicieron una carrera en la que se tardaron muchos, muchos años en incorporar estos temas a la formación continua. Tenemos 25, 30 años de ejercicio profesional y de formación en donde no existe la perspectiva y donde se fue reafirmando una forma de hacer y de pensar donde no había lugar para esta mirada. De ahí también el divorcio tan grande que hay entre las convenciones internacionales y la normativa nacional. Hoy por hoy está un poco más saneado, pero cuando recién empecé, era un divorcio total y había una primacía de la norma local que era una construcción, porque constitucionalmente las convenciones internacionales que Uruguay ratifica se transforman en normas de igual jerarquía que las normas internas.

¿El grupo que integrabas tenía objetivos específicos para trabajar en este sentido?

En un momento colgamos en la web y en la intranet una guía interactiva que hizo la Oficina de la Mujer de Argentina, que está buenísima porque es una herramienta muy útil tanto para la ciudadanía como para cualquier operador. En especial para el operador, ya sea público o privado, porque es quien tiene que sentarse a escribir una sentencia o un escrito y ahí estaban definidas todas las manifestaciones de violencia que reconocen las convenciones internacionales y también cómo se subdivide cada manifestación en cada tipo de violencia, cómo se manifiesta en lo específico. Y para cada una se despliegan los artículos de las convenciones, documentos, fragmentos de sentencias internacionales, jurisprudencia internacional vinculada a ese tipo de violencia y enlaces a los documentos enteros. Tenías todo ahí. No sé cuánta gente lo usó, pero sí empezamos a ver algunas sentencias que incorporaban normativa internacional que antes era algo impensable, no aparecían ni en foto. Pero, al mismo tiempo, empezamos a ver que había sentencias que reiteraban siempre un mismo modelo que estaba ahí disponible, pero que faltaba la interiorización, la interpretación, la generación de nueva jurisprudencia en función de la información de esas convenciones internacionales.

Nosotros dentro de ese proyecto de departamento que nunca se creó, habíamos pensado un área de investigación para avanzar en eso, haciendo investigaciones cuantitativas, pero sobre todo cualitativas. El proyecto de política institucional en ese sentido era muy bueno.

¿Qué creés que pasó para que no prosperara?

Hubo muchos factores, siempre digo que fue un momento histórico que lamentablemente el sistema político no acompañó y la sociedad civil tampoco. Y ahí yo hago una crítica desde un lugar constructivo, porque históricamente el Poder Judicial fue un saco de boxeo al que se le pegaba, se le pegaba, se le pegaba… porque el Poder Judicial no cuenta con esa legitimidad que tienen los otros poderes del Estado, que es el voto de la gente, ni con la posibilidad de agarrar un micrófono y opinar, porque hay una limitación constitucional al uso de la palabra o a la manifestación de determinadas posturas.

El operador del sistema de Justicia tiene limitaciones que lo alejan de la sociedad. De alguna manera también fue herramienta del propio sistema: alejarse para mantenerse al margen. Quizá hubo una construcción errónea durante muchos años. Creo que después de la dictadura el ejercicio institucional era protegerse para consolidar una institucionalidad que es la base de cualquier sistema democrático. Porque los poderes ejecutivos y legislativos pueden cambiar de manera de pensar, de manera de actuar… las funciones se pueden ir modificando. Ahora, el sistema de Justicia es la base de garantía de los derechos, hablando en los términos formales, ideales, abstractos, sin un sistema judicial independiente no tenés democracia, no tenés nada, porque no tenés ninguna garantía como ciudadano.

Entonces creo que parte de esa construcción de lejanía y de secretismo respondió a cuidar esa institucionalidad. Eso se instaló y quedó ahí; romper con eso también fue parte de nuestro proceso de trabajo.

Entender que las instituciones en abstracto representan una cosa, pero cuando no hablamos del abstracto, las instituciones las hacen las personas y cuando las personas cambian, se modifican las instituciones, tenemos que estar preparados para esos cambios y el Poder Judicial hoy debe asumir un rol diferente, debe ser activo en la formulación de políticas públicas y debe sin duda estar mucho más cerca de la gente y sus necesidades.

Tengo la enorme convicción de que de eso depende mucho la calidad democrática del país.
También hago un mea culpa, porque de nada me serviría sentarme en un rincón y decir por qué no prosperó. Yo era la referente a nivel institucional y era una carga importante, a nivel simbólico y a nivel práctico, y por más que hice esfuerzos por generar redes y otras cuestiones que generaran institucionalidad no pude hacerlo, por razones de medios, materiales y físicos, institucionales, pero también quizás porque me aferré a ese compromiso que estaba en el proceso y a no creer que fuera posible un cambio tan abrupto y que ese cambio pudiera generar una aniquilación de todo lo que se estaba haciendo, que fue lo que pasó cuando la Corte resuelve disolver la oficina.

Tengo entendido que esta disolución a ustedes se les comunicó con muy poca anticipación.

Yo me enteré el viernes 3 de marzo de 2018. No me olvido más porque fue muy fuerte, fue por mail. La Dirección General me mandó la resolución por mail, pidiéndome que la adjuntara a un expediente que yo tenía. Como me mandaban muchas resoluciones para adjuntar, no me llamó mucho la atención, pero cuando la abrí y leí de qué se trataba dije “es un chiste, ¿de qué estamos hablando?”. Llamé a las compañeras que trabajaban conmigo para que lo leyeran, estaba en shock. Inmediatamente traté de comunicarme con la Corte y no pude. Mi jerarca directo no estaba en ese momento y cuando volvió no tuvo tiempo de devolverme la llamada, entonces al lunes siguiente me volví a comunicar. Traté de comunicarme con varios ministros también y nada. Después me mandó decir mi jerarca que al otro día a las 7:30 de la mañana me iba a recibir, pero a las dos o tres horas me avisó la secretaria que había habido un cambio de planes, que la Corte le había indicado a mi jerarca que todavía no me recibiera, que me iban a avisar. Al otro día me avisaron que el 12 de marzo, una semana después (que además era mi cumpleaños justo), me iba a recibir. Todo esto sin ninguna explicación, sin nada.

A todo esto, ¿qué seguías haciendo ahí?

Y, no sabía qué hacer. Estábamos ejecutando un convenio con Bienestar Universitario, estábamos brindando talleres de sensibilización a todos los funcionarios y funcionarias de todas las áreas. Habíamos terminado con un grupo y estábamos empezando con el segundo grupo, habíamos dado el primer taller de tres… yo ya tenía conocimiento de la resolución, pero todavía no se me había notificado formalmente. Lo que le transmití a la secretaria de mi jerarca fue que no me iba a notificar formalmente en tanto no hablara con él o con la Corte.

O sea que en los hechos seguiste trabajando…

En los hechos yo tenía conocimiento, todo el mundo sabía que yo tenía conocimiento, pero formalmente no me había notificado. Pero antes de poder reunirme me entero, estando en mi casa, que acababa de salir la resolución de traslado de las que integrábamos en ese momento el grupo y que me mandaban de vuelta a Relaciones Públicas y Protocolo (cuando lo lógico era pasar a la oficina de origen anterior, es decir, a la Dirección de Gestión de Proyectos) y me descompensé, tuve un ataque de pánico y me certificaron un mes. Por lo tanto, estaba de licencia cuando tenía que reunirme con mi jerarca, pero lo llamé por teléfono y mantuvimos la reunión telefónicamente. Ahí los fundamentos fueron que había dejado de ser prioritario para la Corte, que la Corte entendía que ya no tenía sentido que hubiera una oficina que trabajara el tema cuando había una Ley Integral que ya se ocupaba de todo (como si fuera un ente autónomo la ley).

La Corte distribuyó algunas cuestiones en otras oficinas, sobre todo las que tenían que ver con la capacitación y el plan de sensibilización. Después, canceló el convenio con la Universidad de la República, con el servicio de Bienestar Universitario, retiraron el proyecto Eurosocial que era un proyecto de cooperación internacional para crear un Observatorio para la Justicia de Género que era en conjunto con la Fiscalía. Después todas las otras cuestiones internas obviamente desaparecieron. Cuando se disolvió la unidad estábamos en plena ejecución del piloto de implementación de un protocolo de valoración de riesgo por parte de los equipos técnicos especializados. Había sido un proceso muy largo, bastante tortuoso, pero que había cuajado y se estaba implementando con un sistema de evaluación: en cada pericia se aplicaba el protocolo con su formulario específico y además se completaba otro formulario que nos permitía evaluar si el protocolo cumplía efectivamente con los objetivos que nos planteábamos. Eso quedó también en la nada porque nadie continuó con ese proceso, no sé hoy en qué estará…

¿El protocolo al menos se mantiene, tenés idea…?

El protocolo creo que sí lo siguen usando, porque es una herramienta que les facilita el trabajo, que los ordena, que los unifica conceptual y metodológicamente, que no interviene en la independencia que tiene que tener un técnico al momento de hacer la evaluación, pero sí marca lineamientos con los que el técnico se maneja para hacer la valoración, hay un conjunto amplio de indicadores, bien explicados, bien tratados, está bien definido qué significan, para qué, cómo medirlos. Entonces difícilmente se deseche, quizá se pueda mejorar a la luz de esta nueva ley, que sería lo ideal. Ese tipo de documentos es bueno estarlo revisando permanentemente, porque las manifestaciones de violencia se van modificando y aparecen nuevas formas… no sé, delitos informáticos, violencia digital, cosas que eran muy incipientes y que tienen lagunas normativas.

Digamos que el argumento para disolver el grupo de trabajo era que la Ley Integral iba a suplir el trabajo que ustedes estaban haciendo, pero en los hechos la ley no tiene presupuesto real y suficiente para todo lo que plantea… ¿cómo analizás esta situación?

Lo que creo, y esto es algo muy personal, es que es una ley que en lo previo era muy resistida internamente por esta Corte actual y por operadores y operadoras, pero más que nada por la Corte. Entonces creo que hubo un enojo por aprobar una ley sin tener en cuenta mínimamente el presupuesto, que fue algo reiterado por el Poder Judicial a lo largo de todo el proceso de elaboración de la ley, en muchos ámbitos: en mesas de discusión, en el consultivo, en el Parlamento. Sistemáticamente, el Poder Judicial decía: no rechazamos la idea de que haya una norma específica, pero pedimos que se tenga en cuenta el presupuesto necesario para poder implementarla. Para crear los juzgados que dispone la ley se necesita un presupuesto que no estaba contemplado. Esos reclamos fueron hechos, ninguno fue tomado en cuenta, y entonces pienso que cuando llegó el momento de la aprobación de la ley hubo un enojo importante, que no fue manifestado (por eso digo que es una percepción personal) y que se tradujo en “ah, ok, entonces el tema no se trata”. Y como en la propia ley no se establecen plazos para la entrada en vigencia de determinadas cuestiones, el Poder Judicial tiene la potestad de reglamentar la implementación de los nuevos juzgados y competencias cuando esté en condiciones, no se le puede exigir.

Entonces, en los hechos, puede que nunca se creen esos juzgados…

En tanto no se haga una norma que obligue, no. O se modifica la ley o se reglamenta con otra ley que obligue. Si no, el Poder Judicial tiene total flexibilidad para hacer las modificaciones. No creo igual que no los vayan a crear. Más allá de estas lógicas que, si es cierta mi percepción, pueden ser consideradas caprichosas y hasta infantiles, creo que en la estructura misma del Poder Judicial hay una cuestión del deber ser tan fuerte que el no implementar la ley en ese sentido, con la creación de los juzgados, es una espada de Damocles, es una espada invisible… Podemos estar de acuerdo o no en el momento en que eso se eche a andar, podremos juzgar la forma en que se imparte la Justicia, cómo se aplica la norma, pero creo que los juzgados se van a crear. A la larga o a la corta se van a crear, y no creo que se extienda mucho en el tiempo. Creo que el problema no pasa por si se crean o no se crean los juzgados, sino por qué herramientas prácticas y efectivas tienen los operadores y operadoras, qué recursos (no solo económicos, recursos en todos los sentidos) tienen para aplicar la ley como se debe.

Además de lo estrictamente material, hablamos de recursos humanos calificados para atender el problema…

El talón de Aquiles en todo esto sigue siendo la formación y la incorporación de la perspectiva de derechos. Ni siquiera hablo de la perspectiva de género, hablo de la perspectiva de derechos.

Si lo pensás en términos macro, a partir de la incorporación de una perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género está implícita, aparece, es parte. A mí me gusta verlo al revés: primero la perspectiva de género y a partir de ahí se construyen todas las demás, pero lo cierto es que llegás mucho mejor y más rápido a cualquier operador, operadora o técnico de cualquier institución si empezás capacitando sobre perspectiva de derechos humanos que si les empezás a hablar de perspectiva de género. Si les empezás a hablar de perspectiva de género lo primero que te encontrás es una barrera. Si hablás desde una perspectiva de derechos humanos, primero abarcás todo y después… es indiscutible, empezás a ver todos los grupos vulnerables y ves que hay un gran grupo vulnerable al que lo atraviesan todos los demás grupos vulnerables. La cuestión de género aparece como necesidad, sin que lo tengas que decir.

¿Cómo ves el hecho de que esta disolución de la unidad de género se dio en un momento en que la Corte tiene una presidenta mujer?

Creo que fue una respuesta, no me atrevo a decir consciente, pero seguro en el inconsciente estuvo, una respuesta al patriarcado de decir: “bueno, me colocaron acá, muchas gracias; como agradecimiento, les garantizo que el statu quo no se modifica”.

Obviamente no hay perspectiva de género en esta Corte, ni por asomo. Y aunado a esto, no hay una visión integral del problema.

Se siguen mirando las situaciones caso a caso. Y sí, es cierto que cada caso se debe ver puntualmente, pero hay una cuestión que las atraviesa, y hoy por hoy está pasando que una situación con claros indicadores de violencia basada en género no se valora como tal y sí se valora como tal a otra muy similar, a veces con el mismo juez o jueza, porque tiene un detallecito más evidente de una cuestión de género. ¿Por qué pasa? Porque no está la mirada entrenada para distinguir cuando se está frente a una relación de poder, cuando hay una asimetría de uno sobre otro.

Te preguntaba eso porque hay un relato extendido que asegura que las mujeres no deberían reclamar igualdad porque ya hay mujeres que acceden a cargos, incluso a las más altas esferas, como ahora que hay una presidenta mujer en la Suprema Corte. O pienso también en el caso de Luna Chiodi que está a cargo de una jueza mujer. Y sin embargo las decisiones que han tomado son funcionales al patriarcado o no tienen perspectiva de género. ¿Cómo evaluás estas situaciones?

Sigo confirmando la teoría de que el Derecho, a pesar de ser una ciencia humana, parece divorciado de la sociedad. Los procesos de evolución que las otras ciencias humanas han hecho en la construcción del pensamiento, en la construcción de teoría, han ido por un carril muy distinto del carril por el que ha ido la construcción de la filosofía del Derecho. Yo colocaría el estado actual de la filosofía del Derecho a la etapa del feminismo de reconocimiento… ¡y cuánto más ha avanzado el feminismo y las ciencias humanas después de eso! Las cosas más novedosas que vos podés encontrar en Derecho apuntan a reconocer que existen desigualdades estructurales…

Hay una concepción de igualdad que para la estructura mental formativa de un operador de Justicia es una cosa y para la estructura mental de cualquier otro ciudadano es otra. Y la estructura sigue siendo la del principio de igualdad pensado jurídicamente: que somos iguales. Y en ese concepto, que separa el ámbito productivo del reproductivo, las mujeres seguimos reproduciendo patrones. Si eso viene además acompañado de una de las formaciones más rígidas y de una de las instituciones más patriarcales que hay, no es una sorpresa que una mujer reproduzca, y no por ser mujer va a tener perspectiva de género.

Si las feministas hemos tenido que deconstruir algo es justamente reconocer que las mujeres reproducimos durante siglos nuestra propia subordinación, nuestro lugar de sometimiento. A mí no me dolió más que la decisión fuera tomada por una mujer… lo entendí como parte del patriarcado, como un cachetazo del patriarcado.

No a mí personalmente, sino a lo que estábamos construyendo con nuestro trabajo y a los derechos de todas las mujeres.

Más allá de lo que pasó con la unidad y lo que pase a futuro, ¿en qué temas te parece importante y urgente seguir trabajando en materia de género con los operadores judiciales y con el Poder Judicial hoy?

Las nuevas manifestaciones de violencia, sobre todo. Si bien sigue teniendo muchas deficiencias, la violencia doméstica es lo que está más trabajado, es en lo que estructuralmente el sistema está más aceitado o tiene más mecanismos de respuesta. Hay patrones de conducta en la violencia doméstica que son, lamentablemente, repetidos, reiterados, hay indicadores que son sistemáticos. Pero hay nuevas manifestaciones de violencia, como la violencia digital, por ejemplo, sobre la que se necesita trabajar para poder valorar y distinguir cuándo se está ante una situación de violencia basada en género y cuándo no.

Por otra parte, están las situaciones de abuso sexual, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, que siguen siendo uno de los problemas más grandes que tiene el sistema. No hay protocolos adecuados, no hay todavía articulaciones esenciales del sistema de Justicia con otras instituciones. La respuesta del Estado es de todos, y hay organismos que podrían asumir y articular determinadas cuestiones y que podrían superar algunas carencias presupuestales que impiden avances hoy.

Y también la trata de personas, sin duda, porque ahí muchas de las manifestaciones de violencia que podés ver independientemente las tenés todas juntas en un solo combo, junto con muchos otros aspectos que exceden la situación de violencia puntual, pero que pueden hacer caer la posibilidad de sacar de una situación de trata a una mujer. Una investigación de crimen organizado sobre una red de trata y narcotráfico, que muchas veces van de la mano, de repente lleva tres o cuatro años para poder llegar efectivamente al núcleo de la red para desmantelarla. Y de pronto la actuación de un juez o una jueza en una localidad te tira por tierra esa investigación, porque las redes además se mueven en dos patadas. Ahí es esencial la formación, el trabajo interinstitucional, sobre todo identificar cuándo se está ante una situación puntual de explotación sexual o cuando estás ante una situación de una posible red. Ahí hay un problema, fundamentalmente, de formación.

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